Viernes, 14 de Mayo de 2010 06:33 El Telégrafo
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, volvió a ser esta semana el centro de la polémica en el estado norteamericano.
Dieciocho días después de promulgar la Ley SB 1070, que criminaliza al indocumentado, la funcionaria firmó otra: la HB 2281, que prohíbe los cursos escolares sobre las minorías étnicas en la historia y la cultura estadounidense.
La nueva legislación, que entrará en vigor durante el próximo año escolar, no permitirá que en las escuelas públicas de Arizona hayan cursos que promuevan el resentimiento hacia el Gobierno de Estados Unidos o que sean diseñados particularmente para un solo grupo étnico.
Los responsables de las escuelas de Tucson (Arizona) aseguran, en cambio, que estos programas intentan sensibilizar a sus alumnos sobre el papel de las minorías en acontecimientos tales como la guerra de Vietnam o a dar cursos de literatura sobre autores latinoamericanos.
Desde Tucson, Isabel García, de la Coalición de Derechos Humanos, explica a este diario que la ley pretende eliminar los estudios sobre la historia de los indígenas, de los mexicanos, con el pretexto de que son "antiamericanas". "Con esta medida vemos muy claro que son actos de racismo, es una xenofobia cultural", añade.
García acota que la ley no permitirá promover cualquier ideología que hable mal de Estados Unidos y pone de ejemplo a un libro de Rodolfo Acuña, titulado América ocupada.
Según el responsable de la Oficina de Educación del Estado, Tom Horne, el texto tiene como objetivo convertir en ilegales los programas escolares en vigor en la región de Tucson que alientan un "chauvinismo étnico destructivo".
La activista añade que esta medida ya ha generado protestas en Tucson. Más de 700 estudiantes salieron a protestar el miércoles y también ayer contra la medida. "El Gobierno tiene en Arizona un embudo para todos los migrantes que cruzan por aquí, precisamente para crear una especie de laboratorio para estas leyes". Y es que Arizona, uno de los cuatro estados norteamericanos que tienen frontera con México, promueve leyes contra los migrantes desde hace 15 años.
Todo empezó con la Operación Guardián (1994) en la presidencia de Bill Clinton, porque marcó la pauta para que los indocumentados ingresen más por Arizona.
La política migratoria consistía en militarizar la frontera de California, Texas y Nuevo México para evitar que crucen los migrantes sin documentos, quienes optaron luego por atravesar por zonas peligrosas, como el desierto de Sonora o Arizona, para llegar al país del norte. Actualmente, Arizona tiene 6'500.000 habitantes. De ellos, 2 millones son hispanos y alrededor de 500.000 indocumentados, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Ángela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas en Arizona, manifiesta a El Telégrafo que la Ley HB 2281 prohíbe que la historia de los mexicanos, conocidos también como chicanos, y etnias no se enseñe en las escuelas, por lo que la considera "racista e inconstitucional".
Sanbrano afirma que este estado se ha convertido en "la punta de lanza" contra los latinos y suma otra propuesta que no pasó, pero que la lleva a calificar a las medidas de "racismo descarado". La norma consistía en que las maestras latinas con mal acento del inglés sean despedidas. Ante esta serie de medidas discriminatorias, los legisladores de San Francisco y Los Ángeles (California) aprobaron ayer por mayoría un boicot contra Arizona.
La resolución del Concejo local de San Francisco, votada por 10-1, llama a que la ciudad evite firmar contrato alguno con empresas con sede en Arizona. Sin embargo, la declaración no es vinculante y no tiene capacidad de obligar a su cumplimiento.
En Los Ángeles, el Consejo Municipal adoptó por 13 votos contra 1 un boicot similar, congelando los desplazamientos por negocios a Arizona y pidiendo a los jefes de los servicios municipales no trabajar con empresas con sede en Arizona cuando sea legalmente posible.
Por Redacción Mundo y agencias_._,___
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