Los paramilitares también tenían hornos crematorios de víctimas en Antioquia
Los paramilitares pusieron en práctica la sistematicidad del horror en diversas regiones del país
Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros paramilitares aporten más información.La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos "de cualquier manera", para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.
De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias 'el iguano', han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.
En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y "la quemaban" para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.
No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.
Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta. com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.
Verdadabierta. com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.
"Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. "Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos".
A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: "La idea del horno la dio 'Doblecero' y la materializó Daniel Mejía".
Para esos años, Mauricio García, alias 'Doblecero', era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias 'Danielito', se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'don Berna'.
"De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado", dijo el ex paramilitar. "Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos 'palos' (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían 'funeraria', creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana".
Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. "Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca".
Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: "la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial".
Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: "la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".
Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: "cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían 'esos insumos llévelos para el fondo'. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban '¿quién manda eso?'. Alías 'J' y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a 'J' o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran".
Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. "A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince".
Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para "personalidades solamente".
Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.
"De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno".
Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias 'Danielito', desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.
"Él fue víctima de su propio invento", dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. "A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno". Una noche me llamó un amigo y me dijo 'se tragaron a Daniel, el patrón', y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno".
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de "industrializar la criminalidad" . Había una orden superior de "desaparecer las víctimas a toda costa" y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado "enemigo".
Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, "lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra" a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.
Por los hechos conocidos como masacre de Mondoñedo
Orden de captura contra oficial activo de la Policía, Héctor Edisson Castro Corredor
Catorce años después de ocurrida la masacre de Mondoñedo, en la que fueron asesinados 6 jóvenes universitarios, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Héctor Edisson Castro Corredor, quien para la época de los hechos se desempeñaba en grado de teniente como agente de la DIJIN, en la ciudad de Bogotá, por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravados
El fallo que además profiere resolución de acusación, se produce luego que la Corte Suprema de Justicia, el 18 de marzo de 2009, declarara fundada la acción de revisión presentada por el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" en representació n de las víctimas e invalidara parcialmente las resoluciones del 7 de junio y 6 de septiembre de 2001, en las que la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía 22 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente, decretaron la preclusión de la investigación en contra del oficial activo de la policía, Castro Corredor.
Cuatro de las víctimas de la masacre, Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacio Gómez y Arquímedes Moreno Moreno, fueron encontrados mutilados e incinerados el 7 de septiembre de 1996 en el basurero de Mondoñedo, ubicado en terrenos de la hacienda Fute situada en la carretera que conduce del municipio de Mosquera al de Soacha, motivo por el cual fueron trasladados a la morgue de éste último.
Las otras dos víctimas, Martín Alfonso Valdivieso Barrera y Federico Quesada, fueron asesinados, por numerosos impactos de arma de fuego, al amanecer de ese mismo día, cuando salían de sus residencias, en el municipio de Fontibón y en el barrio Argelia de la ciudad de Kennedy de Bogotá respectivamente, por hombres armados que se movilizaban en un taxi, una motocicleta y una camioneta roja HY LUV de color rojo, que según la investigación posterior hacían parte del parque automotor de la DIJIN.
Días antes de su ejecución, los seis jóvenes, que eran amigos entre sí y que militaban en la Unión Patriótica, habían dado a conocer a sus parientes, que el Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN les venían haciendo seguimientos, tenían elaborados retratos hablados de cada uno de ellos, lo mismo que detectadas las direcciones de sus casas, como consecuencia del señalamiento que les venía haciendo un sujeto de nombre Carlos Chaparro, oficial de la policía.
La Fiscalía basó su decisión en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que identificó como pruebas nuevas, en el proceso que se le seguía, las declaraciones rendidas ante la Fiscalía el 9 de julio de 2001, y posteriormente el 3 de agosto del mismo año, del para la época de los hechos, subintendente de la policía William Nicolás Chitiva González, quien con el fin de obtener beneficios por colaboración, aseguró que entre los implicados en el asesinato de los jóvenes se encontraba el oficial Héctor Edisson Castro Corredor. No obstante lo relevante de la declaración, la Fiscalía precluye la investigación contra Castro Corredor el 7 de junio de 2001, decisión confirmada por el Fiscal Veintidós de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver recurso de apelación interpuesta por la parte civil.
Chitiva González quien fue absuelto por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 31 de enero de 2003, fue posteriormente asesinado en la ciudad de Cúcuta, en lo que se presume un acto de venganza por las declaraciones rendidas.
Por esta masacre, el mismo juzgado condenó a 40 años de prisión a los agentes de la policía, José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz y Carlos Ferlein Alonso Pineda.
Para el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", este fallo reviste suma importancia en la búsqueda de la verdad, la justicia, y la reparación integral, por esto, insta a las autoridades competentes a dar inmediato cumplimiento a la decisión y avanzar en la judicializació n de todos los responsables. Igualmente, solicita a todas las autoridades adoptar las acciones necesarias para garantizar que hechos similares, ocurridos en el contexto del exterminio de la Unión Patriótica, no vuelvan a tener ocurrencia en Colombia.
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